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El canal 21 de televisión de la Cámara de Representantes de Arizona escasamente acababa de transmitir en vivo por internet la aprobación del proyecto de ley que criminaliza a los indocumentados, cuando los anti inmigrantes ya habían reaccionando con la difusión de una petición para que la legislación se replique en los otros estados del país.
El comunicado, fechado el martes 13 de abril, guía a los peticionarios para que encuentren en la red a sus senadores y representantes estatales y les pide que envíen correos electrónicos, faxes y cartas con un texto corto y simple.
“Estoy muy emocionado de escuchar la aprobación de la propuesta de ley SB1070 del senador Russell Pearce en Arizona, que es ahora la legislación en contra de la inmigración ilegal más completa en Estados Unidos.
Yo deseo que usted someta una versión de la AZ SB 1070 aquí en nuestro estado y que usted trabaje para pasar una legislación similar lo más pronto posible”.
Lo ocurrido en Arizona es lo más grave que ha pasado en materia legislativa en contra de los inmigrantes desde el fracaso del proyecto de reforma migratoria de 2007, porque se proyecta como la Sesenbrenner de 2010, que puede avanzar por separado en estados donde hay legisladores recalcitrantemente anti inmigrantes. La 1070 convierte en criminales a quienes no tengan una identificación que certifique estatus migratorio y da vía libre a que los alguaciles de los 15 condados de Arizona actúen con la misma impunidad del sheriff Joe Arpaio del condado Maricopa.
Para completar la tragicomedia en Arizona, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizó apenas día y medio después de la votación en la Cámara de Representantes estatal un operativo en contra de contrabandistas de indocumentados en Phoenix, Tucson y Nogales, que fue interpretado por la población hispana como un respaldo federal a la nueva legislación. Los rumores previos al operativo sobre el despliegue de 800 agentes para efectuar redadas le pusieron el corazón en vilo al medio millón de indocumentados radicados en Arizona, y al otro millón y medio de latinos con estatus.
El colofón del melodrama de la 1070 en la semana que pasó fue la declaración de la organización Republicanos Hispanos de Arizona (AHR) que responsabilizó a la administración del presidente Barack Obama de la aprobación de la ley estatal
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