Sofia Carranza no supo que era una inmigrante indocumentada hasta que llegó al último año de escuela secundaria. Planeaba estudiar en UCLA cuando se dio cuenta de que a causa de su estatus migratorio no era elegible para las mismas becas que sus compañeros recibían.

Sus esperanzas para continuar su educación se vieron truncadas por la necesidad de pagar el nivel más alto de enseñanza sin ninguna ayuda económica accesible para ella.

Así como Sofia hay aproximadamente 65,000 jóvenes estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria cada año en Estados Unidos sin tener los fondos necesarios para continuar sus estudios, simplemente porque sus padres los trajeron a este país sin documentos legales.

Sus sueños de ingresar a la universidad se convirtieron en una pesadilla. Sin embargo, la llamada DREAM Act, (o ley del sueño americano) puede convertir en realidad sus sueños de un futuro mejor.

La ley pretende dar a estudiantes indocumentados la oportunidad de ir a la universidad pagando la matrícula estatal, y permitirles solicitar becas privadas, préstamos y otras ayudas.

También propone que mientras permanezcan en la universidad, o si deciden entrar al ejército, se les otorgue una residencia temporal por un período de seis años y ciudadanía permanente si completan dos años de estudios o de servicio. La propuesta de ley ha sido reintroducida en el congreso con fuerte apoyo bilateral, por los senadores Richard Durbin, D-Ill., y Richard Lugar, R-Ind., y los representantes Howard Berman, D-Calif., y Lincoln Díaz-Balart, R-Fla.

Muchos de estos estudiantes inmigrantes llegaron al país como niños con sus padres y se educaron en los sistemas públicos escolares. Para algunos este es el único país que conocen como suyo y ahora se sienten discriminados al tratar de ser parte integral de la sociedad. El congresista Díaz-Balart, hablando a favor de los estudiantes que potencialmente podrían beneficiarse de esta ley, dijo: “Nuestros estudiantes y valientes soldados no deben ser castigados por una decisión que fue tomada por sus padres, y en la que ellos no tuvieron nada que ver. Desafortunadamente, una vez que estos estudiantes se gradúan de escuela secundaria, sus aspiraciones educativas a menudo se ven frustradas”. Diez estados en el país ya han adoptado leyes locales similares al DREAM Act que permiten a inmigrantes indocumentados pagar colegiaturas como lo hacen los residentes legales en universidades públicas estatales, incluyendo Texas, California, Illinois, Nuevo México y Nueva York.

En Nueva Jersey, el gobernador John S. Corzine anunció su

interés en hacer la universidad más accesible para los estudiantes indocumentados en ese estado, una de varias recomendaciones pro inmigrantes presentadas por un panel estatal convocado por el gobernador.

A pesar de esas medidas estatales, ha sido una lucha cuesta arriba el tratar de que se apruebe el DREAM Act en el congreso después de varios intentos fallidas desde que fuera presentada por primera vez en el 2001.

Quizás este año sea diferente. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a The New York Times que al presidente Barack Obama le gustaría comenzar la discusión de la reforma migratoria en mayo y espera que un proyecto de ley sea presentado para el otoño. El DREAM Act bien podría ser el primer paso hacia una ley de reforma migratoria amplia. Cuando era senador, el hoy presidente, fue uno de los principales patrocinadores de la ley en el 2005.

Poniendo su peso político en la nueva propuesta de ley, Obama podría estar enviando un mensaje claro a la comunidad de inmigrantes de que no sólo quiere poner a la educación como una de sus mayores prioridades, sino que también piensa cumplir su promesa de solucionar el problema migratorio.

Janet Murguía, presidenta de NCLR es partidaria de la ley y dice que a los estudiantes indocumentados se les debe dar la oportunidad de continuar sus estudios universitarios porque una fuerza de trabajo educada es una de las mejores maneras para que nuestra nación se recupere de la crisis económica actual.

Considerando que el 34 por ciento de la población hispana es menor de 18 años de edad, una inversión en su educación es no sólo una inversión en la comunidad latina sino también en el país. La Oficina Nacional del Censo proyecta que la población hispana en edad escolar aumentará en un 166 por ciento para el año 2050. Estudiantes como Sofia sienten el peso de no poder alcanzar el sueño americano por no poder continuar su educación superior. Ahora su futuro y el futuro de nuestro país están en las manos y en los votos de aquellos que elegimos para representarnos en la capital de país.