Por haber vivido allí casi cinco años, me preocupa que -en asuntos de justicia penal- el Estado de la Estrella Solitaria se haya ganado la reputación de niño problema de la nación. Gracias a un estándar de delito y castigo muy flexible, no hay que cometer necesariamente un delito para obtener un castigo.

Ése fue el tema de un reciente episodio del drama de televisión de David E. Kelley, "Boston Legal", en el que un abogado del norte viaja a Texas para hacerse cargo de la apelación de un hombre negro con problemas mentales. El acusado está esperando la pena capital, a pesar del hecho de que el estado no tiene pruebas sólidas contra él. Sin embargo, a los jueces que van a ver la apelación no parece importarles que un hombre inocente se encamine a recibir la inyección letal. (El tema resulta verosímil, dado que Texas tiene un deplorable historial en la administración de la pena de muerte. De todas las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos en años recientes, alrededor de la mitad tuvieron lugar en Texas).

Pero lo que es realmente asombroso es lo que ocurre en la vida real. Para empezar, los agentes de seguridad en Texas tiene precedentes atroces, cuando se trata de informar a los prisioneros de nacionalidad mexicana de su derecho -bajo la Convención de Viena de 1963 sobre Relaciones Consulares- de hablar con un representante del consulado mexicano. No es que las autoridades de Texas no hayan tenido abundantes oportunidades de ponerlo en práctica. De los más de 50 mexicanos que están en este momento esperando la pena capital en Estados Unidos, 16 de ellos están en Texas. Esa negligencia ayudó a provocar un incidente internacional en el caso de José Ernesto Medellín, un prisionero a la espera de la pena capital, a quien las autoridades nunca dijeron que tenía el derecho de hablar con el consulado mexicano. Medellín está presentando ahora una petición ante la Corte Suprema. Su caso ya ha sido visto por la Corte Internacional de Justicia, el brazo legal principal de las Naciones Unidas. La CIJ dijo que bajo un protocolo optativo de relaciones consulares, Medellín y los otros mexicanos a la espera de la pena capital en Estados Unidos tienen el derecho a nuevas audiencias.

El gobierno de Bush dijo que instruiría a los procuradores generales de los estados para que cumplieran con el reglamento, después hizo

lo contrario y se retiró del protocolo.

Es una suerte que el estado generalmente no busque la pena de muerte por presunto tráfico de drogas. Consideremos el escándalo de las drogas falsas de Dallas en 2001. Ese fiasco ha vuelto a aparecer en los titulares recientemente, ahora que la oficina del fiscal del distrito del Condado de Dallas -que hace cuatro años procesó y encarceló a, por lo menos, dos docenas de inmigrantes mexicanos inocentes bajo cargos de drogas falsas- ha comenzado el proceso de Mark Delapaz, un ex oficial de narcóticos que, según los fiscales, merece la mayor parte de la culpa.

Pero como he informado sobre esta historia desde que se inició, sé que la cuestión es mucho más complicada. Por lo menos el 50 por ciento del escándalo pertenece a los fiscales y a sus jefes de su oficina, quienes fueron informados tanto por la policía y por funcionarios del laboratorio de drogas del condado, de que había drogas falsas en circulación en el sistema. Y sin embargo, la oficina no hizo nada con esta información -mientras había gente inocente en la cárcel- antes de sobreseer la mayoría de estos casos en enero de 2002.

En ese momento, los fiscales del Condado de Dallas tenían la estúpida política de no analizar las drogas que eran parte de la evidencia, a menos que el caso fuera a juicio. Muchos de los casos se resolvieron mediante acuerdos de pena negociada y, por lo tanto, nunca fueron a juicio.

Pero aún así deberían haber captado los indicios. Estamos hablando de acusados a los que estaban arrestando con 30 libras de cocaína encima, y que además eran jornaleros pobres, sin antecedentes penales. Lo que es más, antes de irme del estado, descubrí documentos que sugerían que un puñado de fiscales podrían haber tenido un papel más activo en el escándalo, tratando de inducir declaraciones de culpabilidad de los acusados en los casos de las drogas falsas, quizás con la esperanza de deportar a los que estaban en este país ilegalmente y desacreditar al resto.

Me encantaría que estos asuntos salieran a

relucir en el juicio de Delapaz. Pero como es la oficina del fiscal del distrito la que está procesando el caso, no es que yo tenga demasiadas esperanzas.

En general, se trata sólo de un día más en el sistema de justicia penal de Texas -un sistema creado para darle a la gente todo lo que ésta aguante. Así que las cosas seguirán así, hasta que los texanos decidan que se han cansado de ser el chiste de la nación y empiecen a exigir que los que los representan sean más ecuánimes y dejen de convertir a Texas en un lío.