Esta ciudad debería ser declarada capital del ocio de Estados Unidos. Con la ventaja de gozar de un clima perfecto todo el año, hay tantas cosas para hacer en todo momento, que los equipos de deportes y los organizadores de festivales, conciertos y otros eventos se quejan de la dificultad de llenar asientos.

Y, como si todo ello no fuera suficiente, últimamente ha habido otra actividad para mantener a los habitantes de San Diego entretenidos: el circo de tres pistas de la política municipal.

En la pista central, tenemos lo que ha figurado en los titulares de toda la nación, convirtiendo a San Diego en objeto de burla de Jay Leno -el hecho de que la ciudad ha usado alcaldes al mismo ritmo que otras ciudades usan sellos.

No sé qué es más humillante -que el ex alcalde Dick Murphy haya sido elegido como uno de los peores alcaldes de la nación por la revista Time, o que Michael Zucchet, ex alcalde en ejercicio, que aceptó el cargo después de la renuncia de Murphy, termine cumpliendo su condena en la cárcel.

Parece que Zucchet irá a prisión después de haber sido condenado -junto con Ralph Inzunza, miembro del Consejo Municipal- de cargos federales de corrupción. Hay mucha gente que piensa que esto es sólo el comienzo y que, antes de que se acabe de hacer la limpieza, otros funcionarios municipales terminarán en chirona.

Es sorprendente que aún haya alguien que desee ocupar el puesto de alcalde, pero casi una docena de candidatos compitió en elecciones recientes, y a veces parecía que lo único en lo que todos ellos estaban de acuerdo -para regocijo del público- era en que el alcalde de San Diego debería tomar medidas severas contra la inmigración. Nadie dijo, sin embargo, que había que tomar medidas contra los numerosos negocios y empresas de San Diego que contratan inmigrantes ilegales. Ese tipo de declaraciones puede dañar la recaudación de fondos, lo que ayuda a explicar por qué Estados Unidos tiene un problema con la inmigración ilegal, en primer lugar.

La cuestión de quién es el próximo alcalde se decidirá el 8 de noviembre, cuando los candidatos que han obtenido más votos -Donna Frye, miembro del Consejo Municipal y Jerry Sanders, jefe de policía- se enfrenten en una segunda vuelta.

Mientras tanto, en la pista No. 2, está el asunto que más amenaza el futuro de la ciudad -y

si quieren saber la verdad, el futuro de muchas ciudades norteamericanas que estén en una situación similar.

A pesar de todos sus problemas, San Diego parece ser una de las primeras grandes ciudades de Estados Unidos dispuesta a enfrentar la espinosa cuestión de cómo va a pagar beneficios jubilatorios a los empleados municipales, teniendo en cuenta que la gente vive más años y que hay millones de miembros de la generación de posguerra listos para jubilarse. En ciudades de toda California y del resto del país, diversos funcionarios han evitado durante años tomar decisiones duras pero inevitables, pidiendo a Pedro para pagar a Pablo.

Aquí en San Diego, ahora que a Pedro ya no le queda nada, la gente habla de elevar impuestos o restringir beneficios o retrasar la edad de jubilación para empleados municipales.

¿Dónde hemos oído eso antes? Eso es. Es una mini-versión del debate del Seguro Social. Y es tan terriblemente difícil de solucionar sin tomar decisiones dolorosas como el mismo debate. Porque exige que los políticos hagan algo que no desean hacer: provocar el enojo de la gente.

En realidad, los funcionarios de la ciudad ni siquiera estarían hablando de la crisis municipal de la jubilación, uno de cuyos rasgos es un déficit de por lo menos 1.400 millones de dólares, si no fuera por la persona que está en la pista No. 3: Michael Aguirre, abogado de la ciudad. En lugar de hacerse el simpático con sus colegas del municipio, aviniéndose a todo para llevarse bien con ellos, Aguirre destaca constantemente la crisis de la jubilación y sugiere formas de remediarla. No está sólo creando olas. Está creando un maremoto.

El último cargo de Aguirre es que la ciudad desvió injustamente casi 122 millones de un plan suplemental de beneficios relativamente sano para apuntalar el problemático fondo de pensiones. Lamont Ewell, administrador de la ciudad, negó el cargo, acusando a Aguirre de andar repartiendo acusaciones ridículas sólo para mantener su nombre en los periódicos. Aguirre respondió pidiendo a Toni Atkins, miembro del Consejo Municipal y actual alcalde en ejercicio, que despida a Ewell, quien renunció el año pasado, pero quien va a prolongar su estadía hasta diciembre.

Es una locura. Lo que en San Diego se considera política cotidiana no sucede en la mayoría de las ciudades. He vivido en otras 10 ciudades y nunca he visto algo así. Es más común ver que los

funcionarios municipales tengan sus desacuerdos a puertas cerradas y que después se den mutuamente palmaditas en la espalda y se protejan mutuamente. En esos entornos, es difícil para la prensa y los medios saber qué está sucediendo.

En San Diego, es más fácil. El alboroto y las luchas intestinas ayudan a la transparencia y al rendimiento de cuentas.

Con mis disculpas a Jay Leno, díganmelo de nuevo, ¿qué tiene eso de malo?