Así de descabellado se ha vuelto el debate sobre la inmigración: El alcalde de Fresno, California, sugiere que Estados Unidos imponga una moratoria en los inmigrantes.

Conozco Fresno. Me crié en un pequeño pueblo cercano. Estamos hablando de una de las capitales agrícolas del mundo y sitio de legiones de inmigrantes -muchos de ellos ilegales. En realidad, el dirigente de la asociación de productores asiático-americanos del centro de California estima que casi el 100 por ciento de la fuerza laboral agrícola actual es ilegal. Sin inmigrantes, la economía local se marchitaría como una pasa de uva al sol.

Por eso, que el alcalde de Fresno pida una moratoria en los inmigrantes es lo mismo que el Coronel Saunders pida una moratoria en las gallinas.

Una moratoria no solucionaría nada. Para comenzar, afectaría sólo a la gente que vino legalmente. Los guardias de la frontera mexicano-americana y los cercos de alambre de púas sugieren que los estadounidenses ya han impuesto una moratoria en los inmigrantes ilegales. Entonces, ¿para qué limitar la inmigración legal? Los inmigrantes legales son, tal vez, la importación más valiosa de este país. Además, yo creía que la gran objeción a todos estos inmigrantes ilegales que vienen de México y de otras regiones, es que están entrando ilegalmente. Si los estadounidenses optan ahora por negar la entrada también a los inmigrantes legales, quedará claro que lo que le molesta a esta nación de inmigrantes son los inmigrantes en general.

Sin embargo, a Alan Autry, alcalde de Fresno -un ex actor de televisión- su improvisado plan le rindió lo suficiente como para que lo invitaran a los programas de entrevistas nacionales.

No es de sorprender. La inmigración es un tema candente en este momento. Lo que parece que las redes televisivas no cubren tan bien son los hispanos que han vivido en este país durante generaciones.

Esa fue la conclusión de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos(ANPH) que en su convención sostenida en Fort Worth la semana pasada, dio a conocer -en su décimo año consecutivo- su Network Brownout Report. La ANPH halló que en 2004, de 16.000 noticias emitidas por los noticiarios de la tarde de las redes de televisión (ABC, CBS, NBC, CNN), sólo 115 noticias se refirieron exclusivamente a los latinos, lo que representa un 0,82 por ciento.

Ahora que los latinos componen el 14 por ciento de la población estadounidense, ese nivel de cobertura es patético.

Como también lo es el hecho de que en esas raras ocasiones en que las redes sí cubren a los latinos, los que más parecen interesarles son los que acaban de llegar, o los que han cometido delitos. De las 115 noticias del año pasado sobre latinos, 40 de ellas, o el 34,7 por ciento, fueron sobre la inmigración.

Las palabras "Latino" e "inmigrante" no son sinónimos. Los medios siempre lo olvidan. Los directores de noticias presentan imágenes de inmigrantes ilegales que marchan en el desierto, o saltan cercos, o cruzan ríos, y después los ejecutivos de las redes se preguntan por qué no llegan al mercado latino. Por la siguiente razón: muchos de los latinos que han vivido en Estados Unidos durante una o dos generaciones, tienden a adoptar las costumbres y cultura de los demás estadounidenses, y ya no se identifican con los inmigrantes. A muchos también les molesta que los medios los pinten constantemente como extranjeros.

Personalmente, por ser un latino nacido en Estados Unidos, lo que me molesta son las soluciones simples para problemas complejos, como por ejemplo, cómo combatir la inmigración ilegal. Lo que necesitamos es una nueva serie de soluciones complejas.

Para dar un ejemplo: La Ley para el Cumplimiento de la Inmigración Ilegal y la Protección del Seguro Social de 2005, co-patrocinada por el representante David Dreier, republicano por California y Silvestre Reyes, demócrata por Texas. La ley crea una nueva tarjeta de Seguridad Social a prueba de falsificación y una base nacional de datos donde figuran los individuos que cumplen con los requisitos para ser empleados y en la que los empleadores deben verificar la categoría legal de los candidatos a un empleo. También castiga a los empleadores que no hagan eso o que contraten, a sabiendas, a inmigrantes ilegales, con multas de hasta 50.000 dólares y hasta cinco años de prisión. Finalmente, agrega 10.000 agentes nuevos de Seguridad del Territorio, cuya tarea sería asegurarse de que los empleadores respeten esa ley.

Es una propuesta magnífica y, sin embargo, lo más elocuente es que, en Washington, no se le está dando la oportunidad de sobrevivir -al menos mientras los republicanos controlen el Congreso. Sin duda. En un reciente viaje a Washington, hablé con un número de republicanos sobre la ley -entre ellos con algunos de la Casa Blanca- y no pude encontrar nadie que la apoyara.

Es el ABC de la política.

Los intereses corporativos desprecian las sanciones contra los empleadores y, por lo tanto, lo mismo hacen los legisladores republicanos, que están dominados por los primeros. Y pensar que el Partido Republicano se presenta como el partido de la ley y el orden.